En Bucaramanga, el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, proyectó una población de 42.007 personas en edades de 7 a 11 años, el 51% niños y el 49% niñas, representando un 6,91% de la población del municipio. También, el Diagnóstico actualizado de la Política Pública de Niños, Niñas y Adolescentes local (2020), indica que 25.261 niños y niñas entre los 7 y los 11 años se encuentran en los estratos más bajos (1, 2 y 3) y casi un tercio de ellos/as (28% niñas y 27% niños) habitan en la comuna 1 de la ciudad. Este mismo Diagnóstico, presenta cifras de interés referidas a educación básica primaria, según las cuales para el año 2018, a pesar de altas tasas de cobertura bruta (integra personas extra-edad en un 119%) y tasas de deserción del 3.53% que muestran déficits. Además de los riesgos y la vulnerabilidad asociada a la pobreza y pobreza extrema que enfrentan los niños y niñas (en adelante NN) en la Comuna 1 de Bucaramanga, los déficits en materia educativa, resulta clave énfatizar que NN de la ciudad, entre los 0 y los 12 años representaron en el año 2021, el 43% de las víctimas de delitos sexuales (394), con una tasa de 389,45 por 100.000 NN) entre los 0 y los 12 años . Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, INMLCF registró 843 exámenes medicolegales por presunto delito sexual practicados en el año 2020 en Santander, en los que se identificó que en casi la mitad de los casos cometidos contra menores de 14 años (48,6%) se señaló a un familiar como el agresor, siendo el padrastro el más común, al que le siguen el padre, el tío y el primo, por lo que, en mucho casos, el hogar no es un lugar que brinde respeto, amor y seguridad a NN y adolescentes. Esta grave situación de riesgo de violencia contra NN también se refleja en la cantidad de registros por Procesos Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) de las entidades. Así, en Colombia en el año 2020 se iniciaron diariamente en promedio, 109 PARD (39.986 total año), indicando el riesgo que implica la niñez en el país y como este se agudiza cuando se trata de las niñas quienes representaron el 61% de los casos, principalmente por violencia sexual (11.988) y maltrato (6.615). En la regional Santander del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, el número de ingresos de menores de edad al PARD se ha incrementado de manera importante en los últimos años. En 2012, año a partir del cual la información es comparable, se presentaron 859 casos, en el 2018 la cifra superó los mil casos y en 2020 fueron 1365. En el 2020 el mayor motivo de ingreso en los PARD fue la violencia sexual (425), principalmente en el grupo de 12 y 17 años de edad. Seguido de otros motivos (200) y del maltrato (157). En los niños y adolescentes, el principal motivo de ingreso fue “otros”, seguido del maltrato (195) y la violencia sexual (100). También hubo 4 casos por trabajo infantil, 3 por situación de calle y 2 niños entre 12 y 16 años utilizados para la comisión de un delito. A lo anterior, es necesario agregar una tasa de 2.2 homicidios x 100.00 hab., registrada en 2017 en el diagnóstico mencionado. La UARIV por su parte indicó que el 13,73% de este grupo poblacional, son víctimas del conflicto armado y el 1.35%, lo son de desplazamiento forzado. Se agrega, el indicador de 3 suicidios ocurridos durante los 2 últimos años en las zonas priorizadas en el Proyecto que ha impactado la vida de NN y sus familiares. Así, “los actos violentos a los cuales se enfrentan principalmente NN en este rango de edad (6 a 11 años) están asociadas a la violencia al interior del núcleo familiar, la inexperiencia en la tarea de ser padres, en la formación de vínculos afectivos y el manejo de pautas de crianza, estas situaciones que a diario experimentan estos grupos etarios, los convierten en población vulnerable” (Alcaldía de Bucaramanga, 2020, pág. 42), adicionalmente la Defensoría del Pueblo, emitió en dic 2021, la alerta temprana 028, indicando un panorama crítico de riesgos de transformación y evolución de grupos de criminalidad organizada que controlan el narcotráfico, así como instrumentalización de NN en actividades ilegales, involucrando algunos barrios de la zona priorizada del Proyecto. Esto reafirma la necesidad de incidir en el fortalecimiento de entornos protectores y el bienestar emocional de NN, el desarrollo de capacidades de autocuidado y resiliencia, la atención psicosocial, así como la intervención con padres/madres y cuidadores y fortalecimiento de oferta institucional, a fin de modificar las dinámicas y los entornos de riesgo de NN como elementos sustantivos en la garantía de sus DDHH como sujetos prevalentes de derechos y la construcción de paz territorial.
